Comunicado de prensa / rechazo a proyecto de Ley sobre Fecundación in Vitro

Solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazar proyecto de Ley sobre Fertilización in Vitro como medida de cumplimiento a sus recomendaciones al Estado en el informe No. 85/10.

Más de medio centenar de organizaciones nacionales, regionales e internacionales así como miembros de la sociedad civil costarricense y de otras nacionalidades se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión), ubicada en Washington DC, Estados Unidos para denunciar cómo el proyecto de ley recientemente presentado sobre fertilización in vitro no sigue las recomendaciones hechas por la Comisión al Estado costarricense y al contrario agrava las violaciones a derechos fundamentales de quienes deciden tener hijos biológicos, pero requieren de acceso a la fertilización in vitro (FIV) para lograrlo.

En la carta, las firmantes aplauden el Informe No. 85/10 enviado por la Comisión al Estado costarricense en agosto pasado, en el cual la Comisión establece que la decisión de la Sala IV de prohibir la fertilización in vitro, tomada en el año 2000, violó los derechos a estar libre de injerencias arbitrarias en la vida privada, el derecho a fundar una familia y el derecho a la igualdad de las mujeres.  En dicho informe la Comisión emitió una serie de recomendaciones al Estado, instándole a encontrar medidas proporcionales para permitir la técnica en cuestión, de forma que se concilien los derechos señalados de las mujeres con el interés legítimo del Estado de proteger el bien jurídico de la vida.

Sin embargo, señala la carta, “el proyecto de ley mediante el cual Costa Rica pretende dar por cumplidas las recomendaciones de la Comisión, está en clara contradicción con los lineamientos de encontrar un balance entre su interés de proteger a los óvulos fecundados ejerciendo un grado de interferencia mínimo, y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, a quienes se somete a enormes cargas económicas, emocionales, psicológicas y médicas”. La norma que se encuentra en trámite anula totalmente estos  derechos de las mujeres y pone en riesgo su salud al adoptar requisitos como la implantación de todos los embriones fecundados, inclusive los que no se están desarrollado adecuadamente o al prohibir el congelamiento de óvulos.  A esto se suma la generación de una barrera económica, pues dado el alto costo de los procedimientos, las mujeres que no cuenten con suficientes recursos económicos, se verían obligadas a fertilizar y transferir muchos óvulos, con la esperanza de que alguno se implante en el primer ciclo. Todo esto, reclaman las firmantes, va en contra de las indicaciones médicas y aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres.

Por otra parte, la norma impone medidas abiertamente discriminatorias hacia las mujeres al prohibir y penalizar la donación y la implantación de óvulos ajenos, medida que no se aplica en la donación de esperma; y al restringir el tratamiento únicamente a aquellas mujeres que cuenten con “buena salud física y psíquica”. De esta manera, no podrían ser consideradas para la FIV aquellas mujeres que precisamente la necesitan pues tienen problemas con sus óvulos o aquellas que presenten enfermedades como diabetes o epilepsia, cita la carta.

Con el envío de esta nota y otras acciones de incidencia, las organizaciones firmantes buscan que la Comisión rechace el proyecto de ley mencionado pues no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos que la misma Comisión ha solicitado a Costa Rica respetar, proteger y garantizar.

 “Aceptar este proyecto de ley como respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión al Estado costarricense significaría validar una medida que desconoce los derechos que precisamente busca proteger” señaló Adriana Maroto, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Por su parte Mónica Arango, Asesora Legal para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, expresó que “la aceptación de este proyecto de ley generaría un precedente que valida la anulación de los derechos de las mujeres al igual que la intrusión desproporcionada del Estado sobre la capacidad reproductiva de las mujeres, lo que va en contravía de los estándares internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones firmantes están a la espera de una respuesta oficial de la Comisión.
 
Para más información:
Colectiva por el Derecho a Decidir
Tel: (506) 22538240
www.colectiva-cr.com

Centro de Derechos Reproductivos
Tel: (917) 637-3670
www.reproductiverights.org