Aurora demanda al Estado costarricense ante la CIDH

A finales de 2012 la sociedad costarricense se conmovió con el dramático caso de Aurora: una joven embarazada cuyo feto tenía malformaciones tan severas que harían imposible la vida fuera del útero. Para detener tanto su sufrimiento físico y mental como el del feto, Aurora solicitó un aborto terapéutico por las causales que contempla la normativa costarricense. Su petición fue negada por las autoridades sanitarias quienes obviaron todas las valoraciones médicas y psicológicas.
 
Al ver que sus derechos eran negados, Aurora recurrió a la justicia y presentó un recurso de amparo en diciembre de 2012, solicitando con urgencia una respuesta dada la gravedad de su condición. Después de meses de dolor físico y de llegar incluso a ser diagnosticada con síndrome de estrés agudo, Aurora tuvo su parto, seguido de un funeral. Siete semanas después de ese hecho, recibió respuesta de la Sala Constitucional. El dictamen negativo, contrario al artículo 121 del Código Penal, que permite el aborto impune para salvaguardar la salud o la vida de una mujer, obvió toda la normativa internacional en derechos humanos de las mujeres y los compromisos que el Estado ha adquirido al suscribir y ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos para incorporarlos a la normativa nacional.
 
Una valiente demanda internacional
Aurora decidió continuar en la búsqueda de justicia para que ninguna otra costarricense vea violentados sus derechos y sea sometida al trato inhumano, cruel y degradante que ella sufrió. Aún a sabiendas del largo camino por recorrer, ella valoró el demandar al Estado costarricense ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Con el apoyo de la Colectiva por el Derecho a Decidir y del Centro de Derechos Reproductivos, el 23 de agosto de 2013 Aurora presentó una petición ante la CIDH para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos de las costarricenses. Violaciones perpetradas por los servicios de salud pública, cuya responsabilidad recae en la Caja Costarricense del Seguro Social, pero también violaciones cometidas por el sistema de justicia.
 
Esta no es la primera denuncia de este tipo ante el Estado costarricense. En 2008, Ana también demandó al Estado ante la CIDH por negársele la interrupción de su embarazo, inviable por la condición de anencefalia del feto, cuyo epílogo fue similar al del caso de Aurora. La demanda de Ana se encuentra en revisión, y el caso de Aurora se le adiciona, evidenciando la sistemática violación de derechos humanos en Costa Rica, en materia de acceso a la salud, y específicamente en cuanto a la interrupción terapéutica del embarazo.
 
¿Hasta cuándo el Estado costarricense violará los derechos humanos de las mujeres?
Demandamos la aprobación del protocolo de aborto terapéutico sin demora, del cual se han vanagloriado las autoridades estatales cuando han sido llamadas a rendir cuentas ante instancias internacionales como el Comité de la CEDAW.
 
Para mayor información puede contactar a la Colectiva por el Derecho a Decidir:
colectiva@colectiva-cr.com